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jueves, 13 de noviembre de 2014
Privatización de Servicios Púbicos
En los últimos años se ha establecido una preocupante relación entre los políticos, las empresas y la privatización y concesión de explotación de servicios públicos. Agotado el chorreo de dinero del ladrillo, parece que la nueva fuente de ingresos para ciertas empresas y ciertos políticos es la privatización de lo público.
Los ciudadanos están viendo con sorpresa e indignación cómo los políticos están desmantelando en cuatro días la gran red de servicios públicos construidos a lo largo de las últimas décadas y que constituían el armazón del Estado del Bienestar. Vemos cómo se privatizan desde el suministro de agua al alumbrado público. Desde la recogida de basuras a las plazas de aparcamiento en la calle. Desde la gestión de los hospitales al Registro Civil. Desde la producción de contenidos para las televisiones públicas a las telecomunicaciones. Hasta el extremo de que las tareas propias de las Administraciones Públicas (como la gestión de documentos o la seguridad de los Ministerios) se contratan con empresas privadas.
Nos cuentan que la gestión privada es más eficaz. En ese caso, los gestores públicos deberían dimitir por incompetentes. Nos cuentan que la gestión privada es más barata. En ese caso, los gestores públicos deberían dimitir por incompetentes y por mentirosos: estamos viendo cómo, en cuanto privatizan algo, enseguida nos cuesta más caro. La limpieza viaria privada es un 71% más cara que la pública. Y la calidad… ¿Qué calidad? La gestión documental que hacía la Administración de las pensiones, partes de baja, orfandad,.. la contratan con la filial de una gran empresa, la cual lo subcontrata a una empresa pequeña, la cual busca en internet a unos chavales dispuestos a trabajar por cuatro duros. ¿Qué calidad cabe esperar de los chavales contratados por cuatro duros por una subcontrata, contratada por una contrata, contratada por una Administración Pública? Pues que en cuanto encuentren algo mejor se vayan, dejando la subcontrata de la contrata de la Administración Pública constantemente sin personal realmente cualificado para ese puesto.
Como ejemplo paradigmático, se puede hablar de cierto pueblo (de cuyo nombre no quiero acordarme) en el que la eterna promesa ha sido la construcción de una piscina pública. Los distintos partidos que lo han gobernado la prometieron antes de ser elegidos y una vez elegidos lo incumplieron. Los ciudadanos empezaron a construirse sus propias piscinas privadas en sus casas. Al tiempo, se creó una mancomunidad de municipios para surtirse de agua potable. Se construyó un carísimo embalse, canalizaciones, depuradora,… Todo con dinero público, por supuesto. Cuando está todo perfectamente operativo, se le concede a una empresa la explotación del servicio de aguas. Automáticamente suben el precio, pero no la calidad del servicio. De hecho, se averió la depuradora, los pueblos de la zona estuvieron sin agua en sus casas varios días y encima, el coste de la reparación se la cargaron a los ciudadanos. Para mear y no echar gota.
El resultado de esta privatización ha sido que, en un momento de grave crisis económica, con muchas familias pasando penurias, los ciudadanos no pueden tener un huerto que ayude a la paupérrima economía familiar porque no pueden pagar el agua necesaria. Los vecinos no pueden bañarse en su piscina porque sale muy caro el llenarla y tampoco pueden usar la piscina pública porque siguen sin disponer de ella.
¿En qué ha beneficiado a los ciudadanos la privatización del servicio de aguas? ¿Quién se ha beneficiado de la privatización? ¿La empresa concesionaria? ¿Los alcaldes de los pueblos? ¿Algún intermediario? ¿Cómo es posible que estén privatizando todo lo público al mismo tiempo que crece el número de Administraciones Públicas, de empleados públicos, de empresas públicas, de instituciones públicas, de observatorios públicos… ?
Algo huele a podrido en Dinamarca. Las cuentas no me cuadran. Los ciudadanos están indignados. Los políticos a lo suyo, de espaldas a la ciudadanía y mangoneando los caudales y los servicios públicos. Hay que revertir esta situación. Tenemos infraestructuras, empleados, instituciones, administraciones y medios públicos suficientes para gestionar los recursos y los servicios públicos. Es necesario acabar con el expolio. Es necesario pararles los pies a los políticos y encarcelar a los corruptos. Es necesario que los ciudadanos exijan que les devuelvan lo que es suyo. Es necesario que los políticos trabajen para los ciudadanos y no para sí y para sus partidos. Es necesaria una regeneración democrática.
viernes, 22 de agosto de 2014
Transparencia
“Transparencia no es esto (mostrando un vaso con agua). Transparencia es la buena gestión…”, decía un concejal del PP en un pleno del Ayuntamiento. Pues no, Sr. Molina, no. Transparencia es la cualidad que tienen algunos materiales para dejar pasar la luz a su través, permitiendo que se vea lo que hay detrás, sin ocultar nada. Ese es el sentido que tiene el concepto TRANSPARENCIA en política: que no se oculte nada, que los ciudadanos puedan conocer dónde se gasta cada euro de los que aportan ellos al fisco, y el que pretender ocultar se convierte en sospechoso. No podemos olvidar que tenemos una serie de Administraciones Públicas para que nos proporcionen los servicios que necesitamos los ciudadanos: Sanidad, Justicia, Educación, Seguridad, Infraestructuras, Servicios Sociales, Cultura,… Y para ello aportamos grandes cantidades de dinero. Y ese dinero no lo aportamos los ciudadanos para que lo mangoneen a su antojo, ni para que nos impidan el conocer qué han hecho con él, a quién se lo han dado o para qué.
La Transparencia es crucial. Si existiese Transparencia, no existirían muchos de los problemas que hoy tenemos, al menos no con esta magnitud. Quizás no existirían la mayoría de ellos. Por eso resulta preocupante y hasta sospechoso el que casi todos los partidos políticos rehúyan la Transparencia. Para muestra un botón. UPyD pidió en el Congreso una ley de Transparencia en varias ocasiones. En todas ellas la tumbaron los votos en contra del PP y del PSOE, entre otros. Entonces, UPyD pidió que se publicasen en la página WEB del Congreso las nóminas de los Diputados, para que los ciudadanos sepan lo que pagan a sus representantes. También lo tumbó el PPSOE. Vale, pues entonces pidió UPyD que la página WEB del Congreso publicase las nóminas de los diputados de UPyD, que desde siempre han sido públicas en la página Web del propio UPyD. Pues una vez más se lo echaron para atrás. Pero el mensaje va llegando a la gente. Y la gente está harta de corruptelas, corrupciones, ocultación, mangoneos,… y un día, de la noche a la mañana, el Presidente del Congreso decidió publicar las nóminas de todos los diputados en la página Web del Congreso. Y, a renglón seguido, sacaron una ley de Transparencia que aprobaron con los votos del PPSOE. Por supuesto, y como suele suceder en estos caso, la nueva ley se llama de Transparencia, aparenta Transparencia,… pero sin que se transparente gran cosa ;-)
UPyD es el único partido que tiene un sobresaliente en Transparencia según Transparencia Internacional. Casi todos los otros partidos suspenden, incluidos el PPSOE, por supuesto. Y ese sobresaliente nivel de Transparencia deberían tenerlo todos los partidos, las administraciones públicas, los sindicatos, las ONGs,… y todas las organizaciones que se nutran de dinero público. Es que todas ellas deberían publicar, en un lugar de fácil acceso, dónde va a parar cada céntimo de dinero público. Es que si se publicasen los contratos que se hacen, a quién se le hacen, con qué condiciones, los costes previstos de las obras, los costes reales a final de obra, los sueldos que se pagan a unos y otros, las dietas, los privilegios, las concesiones,… habría menos corrupción, por un lado, y los ciudadanos tendríamos más claro a quién no debemos votar, por otro. Porque si vemos que el alcalde del pueblo trocea los contratos para no tener que sacarlos a concurso público, y que todos se los adjudica al mismo empresario, y que resulta que es el testaferro de tal cargo público,… pues otro gallo cantaría.
Si existiese transparencia, quizás no existiría el despilfarro de la administración paralela, quizás no existirían tantos enchufados, quizás no se daría dinero público a los amiguetes, quizás la ciudadanía exigiría la eliminación de los entes duplicados, quizás protestaríamos por la constante emisión de deuda pública para mantener el chiringuito de los de siempre,…
Por eso es necesaria una auténtica ley de Transparencia, no la simulación que han hecho para justificarse. Es necesario que los ciudadanos se conciencien y exijan su derecho a saber qué se hace con su dinero y quién se lo gasta y en qué. Es necesario que los políticos se apeen de su Olimpo y rindan cuentas a los ciudadanos. Es necesaria una regeneración democrática.
domingo, 27 de octubre de 2013
La Justicia corrompida.
En la democracia española ha sido habitual el ataque de unos políticos a otros, de una parte de la prensa contra la otra parte, contra los sindicatos, la Iglesia,… Aquí lo único sagrado (o intocable) eran la monarquía y el poder judicial. Apoyándose en algunos acontecimientos, han abierto la veda contra la monarquía y contra el Rey de España. La única figura que permanecía como respetable era la de los jueces. Pero ellos mismos se están encargando de tirar por tierra ese respeto (y de arrastrarlo por el fango) al basar sus sentencias en función de sus intereses políticos, o aún peor: como elementos activos de la discriminatoria y represora ideología de género.
Se escucha a la gente por doquier diciendo que los políticos son unos corruptos. Y hay bastantes casos bien conocidos de tales políticos. ¿Y los jueces? ¿Los fabrican con algún tipo de material incorrupto e incorruptible? No, ¿verdad? Los jueces están fabricados con los mismos ladrillos que los políticos, con el mismo ADN que el resto de los mortales.
En una democracia es imprescindible la separación de poderes. Ésa que se cargó Felipe González. Conocida es la frase de Alfonso Guerra: “Montesquieu ha muerto”, refiriéndose a que habían acabado con la independencia de los jueces poniéndolos al servicio de los políticos.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no puede estar elegido por los políticos, porque luego pasa lo que es público y notorio: las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) dependen del reparto de jueces que hayan hecho los partidos, más que de la constitucionalidad de la ley a considerar. Y eso se ve reflejado en las páginas de periódicos donde, antes de que salga la sentencia, ya te dicen qué va a salir y qué va a votar cada juez. Porque no se trata de hacer justicia, sino de complacer a quienes los han colocado ahí. Y eso es prevaricación. Eso es corrupción.
La desconfianza de los ciudadanos hacia los jueces tiene dos pilares fundamentales, ya mencionados: el servilismo a los políticos y la colaboración activa con la discriminatoria ideología de género (otra ideología política, al fin y al cabo).
Y es que son ya muchos cientos de miles los hombres que han sido condenados sin siquiera juicio (aplicando medidas cautelares). Y cuando les llega el juicio los vuelven a condenar sin pruebas, ni testigos, ni indicios, sólo con la palabra de la acusadora (que es parte interesada). Y así hay muchos jueces que emiten sentencias injustas a sabiendas de que lo son. Y esa es la definición de PREVARICACIÓN. Y esos son los jueces corruptos. Y esos son los jueces que están dañando a la JUSTICIA (además de a los ciudadanos). Y esos son los jueces que hay que juzgar y condenar a la cárcel para limpiar de corruptos este país.
Es necesaria una regeneración democrática.
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